En los últimos cinco años, 60% de los medicamentos de patente registrados en México pasaron de ser un “monopolio privado” a un “pastel público” para la industria farmacéutica extranjera y nacional, tras vencerse un buen número de patentes en un plazo relativamente rápido.
Pero esto no ha traído el beneficio esperado para el consumidor final, llámese primordialmente derechohabientes del IMSS, que dirige Mikel Arriola; ISSSTE, que encabeza José Reyes Baeza; Secretaría de Salud, que comanda José Narro; Seguro Popular, que lleva Gabriel O’Shea, o sistemas estatales de salud.
Uno de los puntos medulares de la nueva investigación, que con tanto bombo y platillos se anunció el pasado 19 de octubre, es justo éste: identificar quiénes son los agentes económicos que inhiben que los precios bajen hasta en 50 o 60% y no el mísero 10 o 20%, como ocurre en este momento.
Vamos a presentar varias cartas de navegación a Alejandra Palacios y demás integrantes de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), para que no se pierdan, al igual que su ejército de pasantes supervisores contratados exprofeso, en este mar de información.
Es un secreto a voces en la industria que hay 15 o 20 laboratorios nacionales y extranjeros, a lo sumo, que se están poniendo de acuerdo con distribuidores de medicamentos para repartirse el mercado, que en algunos productos llega a tener un valor de varios cientos de millones de pesos.
La primera carta que los comisionados deben analizar es la ruta que sigue un producto protegido por una patente. Antes de que venza el plazo de protección, normalmente el laboratorio produce y coloca la totalidad de la demanda en manos del distribuidor y sus clientes institucionales.
La complicación viene en la segunda carta, cuando la patente vence y el distribuidor negocia con el laboratorio titular del fármaco original para distribuirse el negocio, fijando una cuota de producción del medicamento innovador y ahora de su genérico entre tres o cuatro laboratorios más que lo van a explotar.
En esa negociación, que podría tipificarse de “colusión” según la Ley de Competencia Económica, se establece un precio de venta al sector público a través de un oferente único en la megacompra consolidada. Algunos denominan a esa práctica “clave compartida”. “Haces una propuesta donde metes al proveedor de la patente y a los que están lanzando el genérico”, explica un conocedor de todas las trampas que se dan en las compras que efectúa el IMSS y que se han observado en las últimas licitaciones de medicamentos.
¿Cuál es el resultado de esta “asociación” entre el laboratorio y el distribuidor? Que los precios bajan sólo 10 o 20% con respecto al precio original al medicamento de patente, esto porque se ha fijado artificialmente un precio al llegar la supuesta competencia genérica.
La decisión de arribar a buen puerto depende exclusivamente de que Palacios y sus escuderos, Benjamín Contreras, Martín Moguel, Ignacio Navarro, Alejandro Castañeda, Javier Núñez y Eduardo Martínez, pero sobre todo Carlos Mena, titular de la Autoridad Investigadora, se sacudan la modorra.
El tiempo va en detrimento del sector salud, ya que la megacompra consolidada inició el viernes 28 de octubre con el primer evento por un valor de cuatro mil 300 millones de pesos. Pero la madre de todas las licitaciones será el 17 de noviembre próximo. Se jugarán, sólo ese día, 23 mil millones de pesos.
Este tipo de colusión es fácilmente comprobable si se revisan los resultados de las licitaciones del IMSS de 2014 y 2015. Sígale la pista a las siguientes claves: 0477, 0566, 0572, 0574, 0655, 0657, 0804, 0891, 1006, 1097, 1506, 1542, 1591, 1752, 1937, 2154, 2301 y 2433. Pero también a las 2463, 2499, 2520, 4363, 5401 y 5437, sólo por mencionar algunas.
VAN 43 LICITANTES
Y precisamente sobre la licitación E41 nacional, cuyos sobres cerrados se entregaron el 28 de octubre y los fallos salen el 16 de noviembre entrante, le informo que el área de Administración del IMSS, al mando de David Palacios, responsable de la compra consolidada, recibió ofertas de un total de 43 licitantes. De ellas, 35 fueron empresas distribuidoras y sólo ocho laboratorios fabricantes. Son 162 claves, ya le decía, por un monto aproximado de cuatro mil 300 pesos. Es una licitación nacional, esto es, de productos fabricados en México. Es el primero de los cinco eventos que conforman la compra consolidada. Ahí le van los diez oferentes más representativos del primer evento: Dimesa, de Alejandro Álvarez, puja por 59 claves por un monto de mil 425 millones de pesos; Grupo CPI, que capitanea Gerardo Morán, va tras 38 por un importe de mil 44 millones; Ragar, que maneja Ernesto Obregón, 17 por 540 millones; Dibiter, que conduce Ernesto Arvizu, diez claves por 356 millones de pesos; Arcar, que lleva Agustín Padilla, nueve por 329 millones, y Grufesa, de José Antonio Pérez, cinco por 137 millones, en lo que hace a distribuidores. Ahora por fabricantes apunte principalmente a Baxter, que conduce Jaime Alberto Upegui, con cuatro claves por 202 millones de pesos; Nestlé, de Marcelo Melchior, tres claves por 168 millones; Pfizer, que preside Rodrigo Puga, a través de su empresa Wyeth, dos de 149 millones, y Laboratorios Senosiain, de Carlos Senosiain, con tres claves por 53 millones de pesos.
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